Arturo González escribe en Público (aquí):

«Los mineros siempre han tenido buenísima reputación. Trabajar en la oscuridad y en el peligro para comer les ha dado y da fuerza cósmica para la lucha contra las incomprensiones e injusticias. No se les pueden quitar 200 millones de euros en ayudas acordadas para la subsistencia de su actividad necesaria, sí, necesaria para el país y la sociedad por mucho que nuevas fuentes de energía aparezcan y se consoliden. El Gobierno ha incumplido lo acordado. Simple y llanamente los ha provocado y ahora se encuentra con unas huelgas que no puede sofocar como de costumbre con sus viejos métodos de represión. Es lógico, pues, que se tope con la contraviolencia de la legítima defensa frente a la violencia que ha provocado. Que además no es contraviolencia, sino una forma de reclamar la atención mediática y ciudadana. Sin ella pasarían inadvertidos. No les queda otra salida que el pulso y respuesta contra quien te provoca y condena a la miseria. El Estado no puede usar la violencia libérrimamente. No puede, no es tolerable en democracia pacífica. No es tolerable abandonar a una profesión de tal raigambre a la desesperación y al desprecio de miles de familias. La crisis no la pueden pagar los mineros. No es admisible que lo pactado hasta 2018 se incumpla. ¿O han vivido también los mineros por encima de sus posibilidades? El Presidente del Gobierno no ha tenido ni un gesto de comprensión, los abandona a su suerte, les cercena la posibilidad de vivir, y ni simbólicamente se ha puesto el casco minero que un senador le ofreció. Mejor, así no mancha la profesión. La derecha es inmisericorde y explotadora. Las empresas se alían con él bajo el falaz argumento de que el carbón español es más caro y menos limpio que el importado. Es mentira, y en todo caso ésa no es la cuestión. El Gobierno no puede retirar ese dinero por una estúpida e inhumana política de ahorro donde no procede. El carbón y su desarrollo tecnológico hasta convertirlo en gas debería ser un camino para la tan hablada y nunca emprendida investigación e innovación de los nuevos modelos productivos demostrados ya más que posibles. No se puede condenar al hambre a unos miles de trabajadores sin buscarles una salida. La minería no puede ser objeto de un ERE estatal vergonzante. A quienes han buceado en las entrañas de la tierra, nuestra tierra, no se les puede dejar que mueran ni tratar como incurables. Porque ni son enfermos ni por tanto incurables. Los mineros son la dignidad, nuestra dignidad, y el Gobierno es la indignidad nacional. A su indignidad y violencia le están respondiendo con la lucha y la resistencia. Así de claro, es la dignidad frente a la indignidad. La profesión más dura de la vida, una profesión en la que a los 52 años eres viejo, no merece este trato. Yo me alegro de que los mineros no se arredren. Prefiero subvencionar a un minero que a un torero, a un banco o a un cura.»